Redacción/Vale por México

2017-01-09 14:46:28

CIUDAD DE MÉXICO (apro-cimac).- Una vez en el cargo, las alcaldesas y síndicas del estado de Oaxaca se enfrentan a conflictos y violencia por ingresar a un espacio predominado históricamente por los hombres.


De acuerdo con el libro "Democracia e igualdad en conflicto. Las presidentas municipales en Oaxaca", de la autora Margarita Dalton y publicado en 2012 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la participación de las mujeres de esa entidad en la política se encuentra condicionada por su género.

La lucha por la participación de las mujeres en la política de Oaxaca es una demanda histórica, pero la cantidad de ellas en puestos gubernamentales de la entidad es muestra aún de la problemática.

Actualmente sólo 10% de los 570 municipios de Oaxaca son gobernados por mujeres. A pesar de no ser suficiente la participación de las oaxaqueñas en la política en los últimos años, se presentó un avance significativo; de acuerdo con Margarita Dalton, para el 2001 apenas 10 mujeres fueron presidentas municipales, es decir, representaron 1.7% de todos los municipios de la entidad.

Una vez que las mujeres están en el cargo enfrentan diversos conflictos, pues padecen hostigamientos, son violentadas e incluso son amenazadas de muerte. La autora retomó diversos casos y testimonios de violencia política hacia las oaxaqueñas que datan desde 1970 hasta 2005.

Los casos continúan, ya que recientemente las representantes electas del municipio de San Pedro Atoyac, Irma Aguilar Raymundo, y la síndica electa de Pinotepa Nacional, Yareli Cariño López, fueron amenazadas de muerte si no renunciaban a sus puestos.

Yareli Cariño fue removida de su cargo 24 horas después de haber rendido protesta, acto presuntamente ordenado por el diputado local del PAN-PRD, Tomás Basaldú Gutiérrez, quien le advirtió que si no cedía a sus pretensiones sexuales, "no permitiría que desempeñara el puesto como síndica".

Ante el aumento de la participación política de las mujeres, también se acrecentó la violencia, de acuerdo con datos presentados por el director de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillos. En 2015 esta entidad fue la quinta con mayor número de reportes de violencia política hacia las mujeres.

Otro caso reciente es el de la presidenta electa del municipio de Eloxochitlán de Flores Magón, Elisa Zepeda quien, al promover los derechos de las mujeres a la participación política en su comunidad, en diciembre de 2014 fue brutalmente golpeada por un grupo de personas y perseguida hasta su casa, la cual fue quemada juntos con sus bienes, aparte de que su hermano también fue asesinado el mismo día.

Para abril de 2016, cuando Elisa Zepeda ganó las elecciones en su municipio, los mismos agresores impugnaron a nivel estatal y federal dicho proceso, es por ello que hasta el momento la presidenta electa se encuentra a la espera de la resolución del TEPJF, de acuerdo con el Colectivo de la Ciudadanía de las Mujeres.

La especialista observó que la destitución de las mujeres para desempeñar cargos en diversos municipios de Oaxaca es en su mayoría decisión de los hombres dentro de los grupos políticos, por no considerarlas capaces de desempeñar los puestos, o bien, no querer perder el poder político que detentan.

Las mujeres que logran tomar posición de sus cargos se enfrentan también a políticas masculinas muy arraigadas. La escritora Margarita Dalton mencionó que muchas de ellas se ven presionadas por los políticos establecidos para continuar con estas prácticas. Las que tengan la oportunidad lograrán proponer un cambio radical en sus formas de hacer política.

Otro de los obstáculos que atraviesan las mujeres en Oaxaca es la necesidad de pedir permiso a sus familias y cónyuges para poder postularse por un puesto político.

La autora apuntó que los hombres sólo informan a sus familiares de la decisión, mientras que las mujeres negocian, expresan su deseo de contribuir a la política y luego piden permiso.

Cabe destacar que en febrero de 2016 en Oaxaca se tipificó la violencia política de género. Además de esta entidad, hasta marzo pasado Veracruz, Jalisco y Campeche tipificaron este delito, según información de las autoridades electorales que publicaron el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres.