Noé Zavaleta/Vale por México

2017-01-17 17:35:36

Apro.- Tras concluir el análisis de ADN de algunos de los restos óseos hallados en el narcocementerio de Santa Fe, en el puerto de Veracruz, se informó que dos cráneos dieron "positivo" en los exámenes genéticos de Pedro Huesca Barradas, exagente del Ministerio Público Especializado y adscrito al programa Veracruz Seguro, y de su oficial Gerardo Montiel Hernández.


En una reunión celebrada este martes en la Fiscalía Regional de Veracruz, Griselda Huesca, madre de Pedro Huesca, exigió a la Dirección de Servicios Periciales y al propio fiscal general del estado, Jorge Winckler, que "agilicen" la búsqueda y entrega de los demás restos óseos de su hijo y también de Gerardo Montiel.

Ello, dijo, porque en el Servicio Médico Forense únicamente le confirmaron que "apareció" el cráneo de su hijo y que las pruebas genéticas "son positivas", pero que no le pueden dar ninguna muestra hasta que aparezca la totalidad de los restos.

"La fiscal Samira (del Carmen Khouty Colorado) nos confirma que aparecieron los cráneos, que están identificados como positivos, pero que tienen que analizarlos todos (sic) hasta que encuentren los demás. Nos piden tiempo indefinido. No pueden entender el dolor de una madre, y que ella lo único que quiere es ya dar cristiana sepultura a su hijo", expresaron integrantes del Colectivo Solecito, presentes en la reunión.

En tanto, otros familiares de desaparecidos acudieron a la Fiscalía General del estado (FGE) para solicitar información oficial respecto del número total de cráneos y/o restos óseos que ya fueron plenamente identificados, pero Jorge Winckler apeló a la secrecía de la investigación y a lo delicado del tema para guardar silencio.

Los exfuncionarios de la extinta Procuraduría General de Justicia (PGJ) fueron levantados el 15 de abril de 2013 en el zócalo de José Cardel, una ciudad ubicada entre el puerto de Veracruz y esta capital.

Testigos de los hechos indicaron que a Huesca Barradas se lo llevó una patrulla de las fuerzas de elite de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), entonces al mando de Arturo Bermúdez Zurita.

Minutos después de ocurrido el suceso, el oficial secretario del agente del MP, Gerardo Montiel, denunció los hechos a una patrulla de la policía municipal. "Se están llevando a mi jefe", gritó a los oficiales, y éstos le contestaron: "Súbete, vamos a seguirlos". Desde entonces no se supo más de él.

Después de más de 40 meses, los restos de Pedro Huesca y Montiel Hernández se localizaron en el cementerio clandestino que se creía era utilizado únicamente por células del crimen organizado (Zetas y Cártel de Jalisco Nueva Generación), pero que ahora se conoce que policías estatales lo usaban como "tiradero de cuerpos".

Hace un año, tras la desaparición y posterior asesinato de cinco jóvenes de Tierra Blanca, en su declaración ministerial el policía Rubén Pérez Andrade, uno de los más cercanos al exdelegado de la SSP, Marcos Conde Hernández "ambos en prisión, acusados del delito de desaparición forzada", dio una pista sobre el destino del exagente del MP y su subalterno.

"En Cardel hubo problemas con un agente del Ministerio Público.

Supuestamente lo levantaron en una camioneta de la Policía Estatal. Hubo un tiroteo en Cardel, llegó una patrulla y levantaron al MP, al parecer estuvo involucrado el comandante (Víctor) Sandoval", se lee en la declaración ministerial de Rubén Pérez.

En la edición 1881 de la revista Proceso (noviembre de 2012) se informó que la captura de tres presuntos integrantes de Los Zetas permitió a las autoridades federales (Marina y Ejército) detectar la existencia de una red de complicidades entre transportadores de droga de ese cártel y subprocuradores de Justicia, policías ministeriales, empresarios y políticos asentados en la región de Córdoba, en la zona montañosa de Veracruz.

En el reportaje se aludía a José Yunis Manzanares y Marco Antonio Lezama, según la investigación entonces rubricada por el fiscal investigador especializado Pedro Huesca Barradas.

Esa misma investigación (947/2012 VER-FIEAFTVS-10), abierta en la extinta Subprocuraduría Regional de Justicia Zona Centro Veracruz, aludía a una decena de policías ministeriales y agentes del MP incriminados, a la mayoría de los cuales la FGE les dio "baja definitiva" o "término de funciones".

En noviembre de 2012, el entonces procurador Amadeo Flores Espinosa "hoy líder estatal del PRI" admitió que se iniciaron alrededor de 10 juicios administrativos en contra de servidores públicos de la PGJ para investigar sus posibles lazos con el crimen organizado, sin embargo, ni él ni sus sucesores en el cargo deslindaron responsabilidades.

El exprocurador argumentó que en el marco del operativo Veracruz Seguro, la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso de corrupción en la PGJ, luego de la detención y consignación de Cristopher Fuentes Letelier, "El Chuletón"; Gerardo Trejo Cruz, "El Trejo", e Ignacio Valdez Ramírez, "El Chilango", quienes se identificaron como integrantes de Los Zetas y admitieron que trabajaban en coordinación con servidores públicos de Veracruz, entre ellos Lezama Moo y Yunis Manzanares.

En aquella ocasión, Flores Espinosa se quejó de que era "muy lamentable" que en ocasiones la prensa dé más valor a lo que "los delincuentes hablan y dicen" que al actuar de las autoridades.