* Las aves se encontraron dentro de cajas de cartón en el portaequipaje de un autobús de la línea Primera Plus que provenía de Mazatlán, Sinaloa.

Redacción/Vale por México

2018-02-21 20:43:17

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), con apoyo de elementos de la Policía Federal adscritos al Estado de México, aseguraron un cargamento que constaba de cinco cajas de cartón las cuales contenían 10 ejemplares de guacamaya verde (Ara militaris), mismas que eran transportados en el portaequipaje de un autobús de pasajeros de la línea Primera Plus.


Mediante una revisión realizada por parte de la Policía Federal, se localizó a las aves en la parte baja del autobús con número Eco. 6463, el cual fue revisado en el KM 107 de la Carretera Federal Atlacomulco-Maravatío, y el cual provenía del puerto de Mazatlán, Sinaloa.

Al llevar a cabo la inspección de los uniformados federales, se ubicaron las cajas de cartón, en cuyo interior existían dos ejemplares por cada una de ellas. Las cajas estaban selladas con cinta canela por lo que se procedió a tomar como medida el aseguramiento precautorio de las aves, mismas que fueron trasladadas a las instalaciones de esta Procuraduría Federal.

Los ejemplares fueron revisados y después de su valoración física y de salud, con base en los protocolos para el manejo de la especie, se procedió a su traslado a una unidad de manejo de vida silvestre registrada como "El Potrillo" y que se ubica en el municipio de Donato Guerra, Estado de México, donde cuentan con los medios para su cuidado y manutención.

De acuerdo con la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), aquella persona que realice este tipo de conductas podría recibir una sanción que va desde una amonestación, una multa equivalente de 50 a 50 mil Unidades de Medida y Actualización, el decomiso de ejemplares y pago de gastos al depositario de ejemplares.

Asimismo, el Código Penal Federal establece que cualquier actividad con fines de tráfico, posesión y transporte de algún ejemplar de una especie de fauna silvestres, considerada en peligro de extinción o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte, puede ser sujeto a una pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa.

A partir de abril del 2017, el tráfico de vida silvestre puede ser investigado por el ministerio público federal y sancionado como delito de delincuencia organizada por lo cual la PROFEPA interpondrá la denuncia penal a fin de abrir la investigación correspondiente.

La extracción del medio silvestre de estas especies de guacamayas se encuentra prohibida en nuestro país desde el año 2008, por lo cual con este tipo de acciones, la PROFEPA refrenda su compromiso con el cuidado, conservación y protección de la fauna silvestre en el país.