Redacción/Vale por México

2018-12-05 12:01:23

Tanto el ex director de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CEAV), Francisco Valencia García, como el ex fiscal de dicha entidad, Luis Ángel Bravo Contreras, podrán abandonar la prisión en los próximos días luego de que autoridades federales les otorgaran amparos tras ser acusados de diversos delitos presuntamente cometidos durante la administración de Javier Duarte.


Sobre Francisco Valencia pesaba una orden por el presunto desvío de 435 millones de pesos entre los años 2013 y 2014; con el amparo concedido se convierte en el segundo colaborador de la administración de Duarte que podrá enfrentar su proceso en libertad en menos de 24 horas.

Valencia García fue detenido en marzo de 2017 y acusado por la Fiscalía General del Estado de peculado, abuso de autoridad, tráfico de influencias, incumplimiento de un deber legal y coalición, esto luego de que las indagatorias determinaran que el entonces gobernador Javier Duarte ordenó transferir recursos federales para obras de la CAEV a cuentas de la Secretaría de Finanzas del estado sin que ese dinero se reincorporara a las arcas estatales y cuyo destino actual se desconoce.

En torno al ex fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, fue el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal del Primer Circuito el que le concedió un amparo en contra de la resolución del juez de control que le impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa.

Bravo Contreras ha sido señalado de que, en enero de 2016, ordenó a personal bajo su mando ocultar y alterar el hallazgo de 19 cuerpos localizados en la barranca La Aurora, en el Municipio de Emiliano Zapata; zona donde, según testigos, se arrojaban a víctimas de desaparición presuntamente a manos de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

Es de señalar que al primer funcionario de la administración de Duarte al que le otorgaron un amparo fue a Mauricio Audirac Murillo, extitular de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz, quien es investigado por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, tráfico de influencias y peculado, delitos que seguirán pensando en su contra toda vez que su proceso sigue en pie.

Todos los ex funcionarios a los que les fueron otorgados amparos podrán dejar la prisión y enfrentar sus procesos en libertad.