Redaccción/Vale por México

2019-01-16 12:10:52

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que dirigió la Recomendación 90/2018 al Gobernador de Chiapas por el Desplazamiento Forzado Interino de un total de 971 personas de la etnia tsotsil -de las cuales 470 son niñas, niños y adolescentes- en el estado de Chiapas, por acciones y omisiones de autoridades estatales y municipales que no les garantizaron seguridad pública y tampoco previnieron los delitos y actos violentos en su contra durante los conflictos que provocaron la destitución de la entonces Presidenta Municipal de Chenalhó, así como tampoco implementaron acciones para salvaguardar sus derechos fundamentales.


A través de un comunicado, la comisión detalla que el 25 de mayo de 2016, dos integrantes del Congreso del Estado de Chiapas fueron retenidos por habitantes de Chenalhó para exigir la destitución de la presidenta municipal, por inconformidades con su administración; en la misma fecha esa autoridad presentó su renuncia ante el Congreso local; no obstante, vecinos amenazaron con privarle de la vida, por lo cual huyó del municipio.

Al día siguiente, pobladores del municipio acudieron a la Cabecera Municipal a presenciar la toma de protesta del Presidente Municipal sustituto, pero las circunstancias de tal transición generaron desacuerdos y enfrentamientos armados en ese lugar y otras localidades entre simpatizantes de la depuesta munícipe y de su sucesor, en los cuales dos personas perdieron la vida, por lo que se iniciaron las carpetas de investigación 1 y 2.

Por las agresiones, amenazas y destrucción de diversos bienes, 971 personas de la etnia tsotsil abandonaron sus propiedades; 274 de esas víctimas que apoyaron al nuevo Presidente Municipal se refugiaron en la Casa de la Cultura de la Cabecera Municipal, en tanto que 121 personas, sin saber a quién apoyaban, se resguardaron en un salón de fiestas ubicado en el vecino municipio de Pantelhó. En esos lugares recibieron alimentos y ayuda de autoridades del Gobierno estatal. Del resto de personas no se cuenta con información sobre su paradero o de la ayuda que recibieron.

Ante el riesgo y vulnerabilidad en que estaban las personas desplazadas, el 29 de mayo y 1 de junio de 2016, la CNDH solicitó medidas cautelares al Secretario General de Gobierno del estado, para que se garantizara a las víctimas la satisfacción de sus necesidades básicas, se les brindara protección y resguardo y se realizaran las acciones para solucionar esos hechos de violencia. La CNDH atrajo el caso para investigar violaciones a derechos humanos.